(A Joaquim Jordá, in memoriam)

Comienza el juicio oral sobre el 11-M. Es un buen momento para discutir cómo, en los últimos meses, los medios de comunicación españoles no sólo vigilan de cerca al poder judicial; están llegando al extremo de cuestionarlo, con el riesgo que supone para los derechos de los acusados. La desconfianza ante el sumario del 11-M, el caso De Juana Chaos o los cargos contra Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna son los ejemplos más recientes.*

En el verano de 1997, la prensa destapó una red internacional de pederastia en el barrio del Raval de Barcelona. La primera denuncia que lo desencadenó todo procedía de una vecina que se basó en rumores y habladurías; después la policía incriminó como sospechosos  a un amplio numero de familias y a algunos colectivos. Entre estos últimos se encontraba la asociación Taula del Raval, que se oponía a la demolición y a la expropiación de viviendas en el barrio. El primer juicio sobre este caso, en 1999, absolvió a la mayor parte de los acusados por falta de pruebas, y la supuesta red internacional de pederastia quedó reducida a un par de acusados con cargos graves, X.T. y J.LL. Sin embargo, el eco que tuvo el juicio en los medios de comunicación tuvo efectos gravísimos: antes de que se celebrara el primer juicio, los medios habían ya criminalizado y estigmatizado a la mayor parte de los sospechosos, al difundir datos relevantes de su vida privada y laboral; la asociación Taula del Raval cayó en descrédito y perdió las demandas presentadas contra el Ayuntamiento; y los principales acusados, en definitiva, sufrieron un acoso mediático tan brutal que tuvieron a toda la opinión pública en su contra cuando se celebró el segundo juicio en el año 2001. ¿Influyeron entonces los medios en el veredicto de culpabilidad  contra X.T y J.LL?

El caso del Raval—de cuyo segundo juicio hizo un estupendo documental Joaquim Jordá, De Nens—fue uno de los primeros síntomas de lo que se ha convertido ya en una tendencia consolidada en los últimos meses:  los juicios paralelos contra acusados que se producen en los medios, en particular en prensa y radio. De esta forma, la libertad informativa y de opinión de los periodistas está chocando contra dos principios legales: la presunción de inocencia y el respeto a la privacidad. El primero garantiza a todo acusado su inocencia “hasta que no se demuestre lo contrario” mediante una sentencia firme dictada por un tribunal; el respeto a la privacidad, en cambio, defiende al ciudadano ante la difusión de su información privada y personal.

Sin embargo, noticias, columnas y editoriales recientes se saltan estas leyes. Algunos periodistas, de hecho, defienden un veredicto incluso antes de iniciarse el juicio. A finales de diciembre de 2006, ante las acusaciones infundadas contra los detenidos acusados por la muerte de cinco prostitutas en el pueblo de Ipswich, en Inglaterra, Lord Goldsmith, un magistrado británico, recordó a los periodistas la responsabilidad de su trabajo, y uno de los fiscales encargados del caso, Michael Crimp, afirmó que “todo acusado tiene derecho a un juicio justo”. Una regla básica que muchos medios británicos, sin embargo, estaban vulnerando. En España está sucediendo igual.

La investigación sobre el 11-M, por ejemplo, comenzó a ser cuestionada pocas semanas después del atentado. La tríada de LIBERTAD DIGITALEL MUNDO o  la COPE no sólo ha establecido un juicio paralelo, sino que desde el inicio de sus actuaciones han tachado de “incompetente” al instructor del caso, Juan Del Olmo. Víctor Sampedro, profesor de Comunicación y editor de un libro-DVD sobre el 13-M, www.nodo50.org/multitudesonline, concluye: “el pseudoperiodismo de investigación no ha aportado ni una sola prueba al sumario del 11-M, ni a la acusación fiscal, Sólo ha servido para que tres miembros de ETA—sin vinculación alguna con el atentado, como reza el sumario—sean llamados a declarar no como imputados, sino como testigos de la defensa de Jamal Zougam, uno de los acusados con más indicios de culpabilidad. Está claro a quien defienden: a un soplón que el PP ya quiso llevar a la Comisión del 11M. ¿Y a quién dan voz? A ETA. Así exculpan a quienes fueron los más altos jefes de Zougam, la actual cúpula del PP, de su inoperancia para prevenir el 11M y avalan la conspiración tramada, según ellos, por zETAp para arrebatarles las elecciones.”

El caso más claro de la pérdida de la presunción de inocencia ha sido el de Iñaki De Juana Chaos. Muchos medios confundieron a la opinión pública al insistir en su pasado etarra cuando, sin embargo, ya ha cumplido su condena por asesinato al beneficiarse de la reducción de penas del Código Penal de 1975. Es por la publicación de dos artículos que podrían considerarse amenazas de muerte, y por ningún cargo más, por lo que el Tribunal Supremo dictó su sentencia última, después de dos años de prisión preventiva. Cuando a finales de enero, los miembros de la Audiencia Nacional se reunieron para discutir sobre su caso, varios medios iniciaron una campaña contra la posibilidad de que De Juana Chaos mantuviera su huelga de hambre bajo un arresto domiciliario. Una vez más el acoso mediático podría haber erosionado las condiciones para que De Juana Chaos recibiera un “juicio justo”, como escribió Miguel Ángel Aguilar en EL PAÍS el 6 de febrero.**

Por último, la causa penal iniciada el 31 de enero contra Juan José Ibarretxe por haberse reunido con la todavía ilegalizada Batasuna coincidió con la dureza con que algunos medios nacionales criticaron al lehendakari, hasta llegar a imputarle hechos sin ningún fundamento, como la colaboración con ETA. En esta ocasión, sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial firmó una declaración consensuada para denunciar la presión ejercida sobre los jueces por parte de algunas instituciones vascas. ¿No hubiera sido conveniente incluir en dicho comunicado algún comentario sobre la “presión”  que ejercieron algunos medios?

El 15 de febrero ha comenzado el juicio sobre el 11-M. Es una buena ocasión para abrir el debate sobre el daño que pueden ocasionar los juicios mediáticos sobre la legitimidad de los dictámenes judiciales, pero también sobre los propios acusados, aunque para muchos sólo cabe apelar a la propia responsabilidad profesional. Como afirma Juan Carlos Jiménez, profesor de periodismo y locutor de radio: “la otra alternativa, la de no emitir ninguna opinión ni ningún juicio sobre un acusado sería mucho más dañina; el riesgo de equivocarnos como periodistas es el precio que tenemos que pagar por la libertad informativa”. De lo que no hay ninguna duda es de que los medios influyen sobre  la opinión pública, y que la criminalización que ésta pueda hacer sobre los acusados es ya una condena. Mark Lawson en The Guardian  escribía que tan grave como una sentencia judicial es una acusación mediática sin pruebas, pues, al fin y al cabo, “es como suponer que los acusados no tienen derechos en absoluto: una actitud propia del proceso de Guantánamo que tendrá, si no tiene ya, consecuencias terribles”.

NAIC (Nodo de Acción e Investigación en Comunicación)
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*Este artículo se escribió para el número 48 del periódico Diagonal, que puedes consultar pinchando aquí. En este blog publicamos el artículo original, así como los enlaces a algunas fuentes sobre las que hemos trabajado.

**El lunes 12 de febrero de 2007 el Tribunal Supremo redujo la pena de De Juana Chaos a 4 años de cárcel “por amenazas de muerte”. Al día siguiente los titulares y los editoriales de varios periódicos nacionales atacaron frontalmente a los miembros del Tribunal Supremo y señalaron su “falta de independencia”. ¿Quiénes son los que no están respetando la independencia de los poderes, disculpen?