Quizá no importa tanto el nombre  del futuro director de RTVE; quizá ni siquiera importa la nueva “transparencia democrática” entre los dos grandes partidos políticos al decidir conjuntamente su elección. Lo que queremos muchos es que la presunta transparencia democrática no termine en esta noticia, y  ya no se supo más.

Ójala éste fuera el principio de una televisión  que fuera verdaderamente pública, abierta, crítica no sólo con el Gobierno de turno, sino también con los temas de debate, con los formatos y las corrientes de opinión que sólo buscan las mal denominadas “cuotas de audiencia” (sería más exacto llamarlas “cuotas de publicidad”). Una televisión pública no debe estar sólo para competir (con ventaja) en el mercado de las telecomunicaciones; debe dar voz y hablar con los que no tienen voz, con los que son invisibles para los grandes medios. Debe recrear los problemas sociales de la amplia mayoría, que, en la televisión pública tradicional, se han expresado solamente a través de los actores políticos y de esa difusa profesión, que convierte inmediatamente en experto al que la ejerce, llamada periodismo.

Y para que eso ocurra, para que los problemas sociales vayan más allá del reportaje a deshoras o de la noticia de dos minutos, hace falta, es urgente, es indispensable que los movimientos sociales, que las organizaciones de la sociedad civil que quieren cambios y que no siguen dictados políticos, también se expresen en la esfera pública. Se nos olvida demasiado a menudo: la televisión pública es nuestra, no de los políticos ni de los comunicadores profesionales. Por eso la pagamos entre todos y por eso tiene que servir para los intereses de los ciudadanos (hemos dejado de reclamarlo en el momento en que aceptamos que la televisión es sólo un medio de entretenimiento). Y ese detalle significa, tiene que significar mucho más que comprar partidos de fútbol de “interés público”, o poseer estupendos corresponsales extranjeros.

Para que la televisión pública sea tal, para que ayude al desarrollo de una democracia deliberativa, que en España está no sólo bajo mínimos, sino casi en peligro, los ciudadanos necesitan ver que no son siempre “hablados” por los políticos y los periodistas, y que, por tanto, tienen derecho a usar su propia voz, a hablar sin la mediación del representante.

¿Cómo conseguimos una televisión más social? No inviten, por ejemplo, a un guionista de televisión a hablar sobre el acoso escolar, si ni siquiera dejan que hable un profesor o un alumno; no digan que no pueden invitar más a menudo a trabajadores  para hablar de sus problemas y de sus sugerencias, ¿o es que sólo les interesan cuando les hablan de sus vidas privadas en los talk shows? (Véase Otra televisión es posible, en este blog); no proclamen que la televisión estatal es el “símbolo de la información” cuando no tienen ni un solo presentador inmigrante, ni un solo programa que deje a los inmigrantes expresar sus opiniones y sus dudas; y, por favor, no digan que son democráticos cuando las reglas del mercado están axfisiando y marginando en la parrilla televisiva los programas televisivos de temas sociales; sería mejor que dijeran que son una televisión semiprivada. Sería más honesto por su parte y mucho más esclarecedor para el público, el cual contempla atónito cómo la diferencia entre la televisión pública estatal y las cadenas privadas es que en los telediarios de RTVE es… no lo recuerdo.

A lo mejor esa es la idea: el problema no es la manipulación de RTVE; es que terminemos por olvidar que debería haber una diferencia entre la cadena pública y las demás…